Este documento aborda la captura del sargento (r) Bernardo Alfonso Garzón, implicado en las desapariciones del Palacio de Justicia. Las víctimas de estos hechos exigen que esta detención sea una oportunidad para romper el ciclo de impunidad en Colombia. Varias organizaciones de afectados han enviado una carta al Comité Contra las Desapariciones Forzadas, detallando el caso del sargento.
El sargento Garzón debe responder por presuntos delitos de tortura, secuestro extorsivo y tentativa de homicidio. Las víctimas lo señalan como involucrado en más de treinta desapariciones forzadas en Bogotá entre 1984 y 1990. Entre los casos mencionados, se encuentran las desapariciones de Irma Franco y once empleados de la cafetería del Palacio de Justicia en 1985, además de otros.
Tras la captura del sargento (r) del Ejército Bernardo Alfonso Garzón, implicado en las desapariciones del Palacio de Justicia, las víctimas piden que esta sea la oportunidad para que se rompa el celofán de la impunidad en Colombia.
En una carta que nueve organizaciones de víctimas enviaron al Comité Contra las Desapariciones Forzadas cuentan, en detalle, quién es el sargento Garzón y por qué la justicia colombiana debe actuar con vehemencia en este y otros casos.
El sargento Garzón deberá rendir indagatoria por los presuntos delitos de tortura, secuestro extorsivo y tentativa de homicidio. Las víctimas aseguran que el exagente de inteligencia del Comando Operativo de Inteligencia y Contrainteligencia (Coici) del Batallón Charry Solano del Ejército está involucrado en más de 30 desapariciones forzadas en Bogotá entre 1984 y 1990.
Fuente: Semana
Las víctimas aseguran que el sargento se involucró en las desapariciones forzadas y ejecuciones de Irma Franco y 11 empleados de la cafetería del Palacio de Justicia (1985), Amparo Tordecilla y Carlos Uribe (1989). Además, aseguran que Garzón tuvo injerencia en los crímenes de Óscar William Calvo (1984), Nydia Erika Bautista de Arellana, Cristóbal Triana, Bertil Prieto Carvajal, Francisco Luis Tobón, Blanca Emilia Mahecha Marín, Rosalba Hurtado Ospina, María Yaneth Muñoz (1987) y José Cuesta (1988).
A los señalamientos se agrega un hecho adicional: todos los casos endilgados al suboficial retirado siguen impunes. “Aunque jueces y fiscales han comprobado su participación activa en la preparación de varios de estos crímenes, en ninguna de las investigaciones penales fue llamado a juicio como autor”, asegura la carta firmada por las organizaciones de víctimas.
El único caso que sí le ha pesado jurídicamente a Garzón es el de la tortura del exguerrillero del M -19 Guillermo Marín y del teólogo Antonio Hernández Niño.
Marín, un exguerrillero del M-19 ha descrito a las autoridades la forma como fue torturado por agentes del Estado adscritos al batallón de inteligencia Charry Solano. Según él, los agentes lo metieron en un costal junto con un compañero suyo de apellido Hernández y les dispararon a quemarropa. Creyeron que los dos habían muerto y dejaron sus cuerpos en el Parque de los Novios, en Bogotá. Pero Marín sobrevivió y se exilió en Europa.
Posteriormente, denunció el secuestro y las torturas a las que fue sometido por el sargento y por otros integrantes del Coici: Camilo Pulecio y Gustavo Arévalo.
Una captura esquiva
A pesar de los crímenes por los que está sindicado, el sargento Garzón evadió la justicia colombiana durante casi dos décadas.
A principios de los 90 Garzón declaró para la Procuraduría y la Fiscalía quiénes eran los responsables de las desapariciones del Palacio de Justicia y estuvo en la cárcel de Palmira en 1996 pero por el delito de robo. Meses después se retractó ante un juez penal militar y recuperó su libertad en marzo de 1997.
Además del caso del Palacio de Justicia, el sargento también declaró en los casos de Amparo Tordecilla y Guillermo Marín, pruebas que sirvieron para dictar sentencia. Pero Garzón se retractó y esto fue aceptado por la Fiscalía y el Tribunal Superior de Bogotá en 2004 y 2006.
Esto fue un golpe duro a las víctimas pues significó un retroceso y una muestra de impunidad en un caso que incluso había logrado encontrar los restos de Nydia Erika Bautista.
Diferentes testigos del caso del Palacio de Justicia afirman que el sargento se fue a vivir a España, donde se enriqueció. Residió allí hasta el 2009 y tuvo que volver a Colombia a raíz de la circular roja que expidió la Interpol en su contra.
A pesar de la medida, la Fiscalía logró la captura cuatro años después. Ahora, la suerte de este militar la tienen los fiscales de la Unidad de Derechos Humanos.
“De la actuación u omisión de la administración de justicia y los entes de control depende ahora que se salde o no la inmensa deuda con los derechos de las víctimas de desaparición forzada al derecho a la verdad, a la justicia y a garantías de no repetición, que ahora se ponen nuevamente a prueba”, concluye la misiva.
Esta fue firmada por la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada – Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, Fundación Nydia Erika Bautista para los Derechos Humanos, Asfaddes, Familiares de Desaparecidos por el Apoyo Mutuo, Familiares del Palacio De Justicia, Hijos e Hijas por la Memoria y Contra la Impunidad, Corporación Jurídica Libertad, Corporación de Desarrollo Regional y Asociación de Familiares de Desaparecidos de Trujillo.
Impunity y evasión de la justicia
Las víctimas también vinculan a Garzón con los crímenes de Amparo Tordecilla, Carlos Uribe, Óscar William Calvo y Nydia Erika Bautista, entre otros. A pesar de las comprobaciones judiciales sobre su participación, el suboficial retirado nunca fue llamado a juicio como autor en la mayoría de estas investigaciones. Esto ha generado una profunda sensación de impunidad en los casos.
El único caso que sí tuvo peso legal para Garzón fue la tortura de Guillermo Marín y Antonio Hernández Niño. Sin embargo, el sargento evadió la justicia colombiana por casi dos décadas, incluso retractándose de declaraciones previas. A pesar de una circular roja de Interpol, su captura se materializó cuatro años después de la medida, en un proceso largo.
Preguntas frecuentes
¿Quién es Bernardo Alfonso Garzón y por qué es relevante su captura?
Bernardo Alfonso Garzón es un sargento (r) del Ejército colombiano implicado en desapariciones forzadas, incluyendo las del Palacio de Justicia. Su captura es relevante porque las víctimas la consideran una oportunidad para que se rompa el ciclo de impunidad en Colombia, según la carta enviada por nueve organizaciones al Comité Contra las Desapariciones Forzadas.
¿Qué crímenes se le imputan al sargento Garzón?
Al sargento Garzón se le imputan presuntos delitos de tortura, secuestro extorsivo y tentativa de homicidio. Las víctimas lo vinculan con más de treinta desapariciones forzadas en Bogotá entre 1984 y 1990, incluyendo casos específicos como el de Irma Franco, Amparo Tordecilla, Nydia Erika Bautista y once empleados de la cafetería del Palacio de Justicia.
¿Cómo se ha manejado la justicia en los casos del sargento Garzón?
A pesar de las pruebas que señalan su participación activa en varios crímenes, Garzón no fue llamado a juicio como autor en la mayoría de las investigaciones. Evadió la justicia por casi dos décadas y se retractó de declaraciones previas. Aunque Interpol emitió una circular roja, su captura efectiva tomó cuatro años desde esa medida.
¿Qué piden las víctimas tras la captura del sargento Garzón?
Las víctimas, a través de nueve organizaciones, piden que la captura de Garzón sea una oportunidad para que se rompa la impunidad en Colombia. Su misiva al Comité Contra las Desapariciones Forzadas subraya que la actuación de la justicia debe saldar la deuda con los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y las garantías de no repetición.