Nos encontramos ad-portas del inicio de un nuevo año escolar y la agenda social del Estado tiene la responsabilidad moral y constitucional de ensanchar sus obligaciones para que los ocho millones de niños, niñas y adolescentes de nuestro país reciban la calidad de vida que se merecen y que, incomprensible e insensiblemente, se les viene regateando mezquinamente. Resulta una patética paradoja que se tenga que soportar tediosas tramitaciones de la burocracia estatal para emprender acciones de seguridad para los escolares que cotidianamente experimentan toda suerte de violencia y abuso por parte de quienes gozan de total impunidad para hacerlo.
En virtud de ello ponemos a consideración de las autoridades educativas, de los gobiernos regionales y locales, de las organizaciones civiles y profesionales, de los padres de familia y de la comunidad toda lo siguiente:
- La violencia en la escuela y el bullying constituyen un problema de salud social que rebasa largamente el escenario escolar y, por ende, su atención no puede ceñirse al ejercicio profesional de docentes y psicólogos direccionado básicamente a controlar a los agresores y prestar ayudar a las víctimas. Esta percepción, que sigue siendo dominante en las iniciativas interventivas que se promueven desde casi todas las instituciones preocupadas del tema, alienta el empleo de recursos “curativos” que resultan peores que la enfermedad. Para la reducción del bullying y la violencia en la escuela se necesita de un complejo y sensible proceso de educación social donde la convivencia saludable –que sigue ausente en nuestra realidad social y educativa- se convierta en el pivote de la transformación de las personas y de las relaciones entre ellas (estudiantes, docentes y padres de familia).
- La creciente violencia en las escuelas, con el bullying y el ciberbullying como sus expresiones mayores, es fruto de una conjunción de reconocidos factores de riesgo que se mantienen intocables y pretendidamente invisibilizados: (a) la existencia de un modelo social excluyente y perverso que gratifica la intolerancia y normaliza el empleo de la violencia para el logro del ascenso social, (b) la institucionalización de la corrupción, el chantaje y la extorsión como medios de resolución de conflictos, (c) la existencia de medios de comunicación que estimulan una violencia primitiva, truculenta y morbosa como espectáculo para niños, niñas y adolescentes, (d) escuelas y autoridades educativas indolentes y permisivas frente a sucesos de maltrato y humillación, a los que catalogan como normales entre los estudiantes, (e) padres de familia que no comprenden aún la importancia de su involucramiento en el proceso educativo para la vida de sus hijos y (f) la alarmante pasividad de toda la comunidad ante los suicidios de niños y niñas desprotegidos que optan por decisiones irreversibles porque no hallan un halo de solidaridad y apoyo en su entorno. El peso de todos estos factores recae sobre niños, niñas y adolecentes, tributarios de una cultura inmisericorde que no le da más opciones que la violencia contra el otro o contra sí mismo, después de todo lo cual, cínicamente, tratamos que exorcizarlos empleando castigos y sanciones por hacer lo que le hemos enseñado hasta el hartazgo. ¿No será que los castigamos porque aún no tienen ni edad ni cargos públicos o privados para aplicar el modelo?
- Creer que la escuela es la encargada de eliminar a los agresores (expulsándolos o sancionándolos con mayor severidad) para terminar con la violencia en la escuela equivale a pensar que la insolidaridad y otras excresencias humanas son inherentes al individuo y no aprendidas de y en la sociedad. Los que así piensan reclaman leyes y normas que legitimen la violencia institucional contra los estudiante, convencidos que la violencia transgresora se combate con la violencia legal e institucional. La violencia estructural ya se advierte cuando se invisibilizan los derechos de los estudiantes a participar en la elaboración de las estrategias y programas de convivencia para cualificar el clima institucional de la escuela.
- En lugar de maldecir la oscuridad, es preferible encender un palito de fósforo, reza un sabio refrán chino, y consonante con ello se constituyó hace un año la Estrategia Nacional contra la Violencia Escolar, en el MINEDU, y se elaboró el Programa Paz Escolar, a cargo de un pequeño grupo de profesionales que vienen desempeñando un encomiable esfuerzo por hacer frente a un problema que, como dijimos, no es únicamente sectorial, sino nacional. Si el Estado y su Ministro de Educación no hacen nada por proveer a esta Oficina anti bullying y anti violencia escolar de los recursos humanos y económicos que hacen falta para dotar de la mínima seguridad a los escolares del país de los estragos del bullying y ciberbullying, serán responsables de las dolorosas consecuencias que se produzcan y tendrán que dar cuenta al país de esta injustificable violencia institucional contra los menores. Del mismo modo, dentro de la consonancia aludida, es menester referir que el Observatorio sobre la Violencia y Convivencia en la Escuela viene desplegando desde hace 6 años una intensa actividad educativa y de sensibilización entre docentes, psicólogos y comunidad, tiempo en el que jamás hemos mezquinado colaboración y entrega a esta noble tarea en pro de la salud social y el bienestar de los estudiantes de nuestro país, injustamente postergados y maltratados por la sociedad adulta.
- Por lo expuesto invitamos a toda la comunidad a incorporarse activamente en la lucha contra la violencia escolar y el bullying, organizar redes de trabajo por la convivencia democrática en las instituciones educativas, demandar al gobierno central y al MINEDU la inmediata multiplicación de los recursos para la eficiencia del Programa Paz Escolar y promover con los niños, niñas y adolecentes una nueva modalidad de relacionarse con los otros, reconociendo y respetando la diversidad, los derechos del Otro y enriqueciendo sus competencias socioemocionales. La educación y no el castigo es el camino para la conquista de la calidad de vida en la escuela.
Perú, Febrero del 2014
Julio César Carozzo C.
Presidente
Luis Zapata Ponce
Director
Luis Benites Morales
Director
Víctor Horna Calderón
Director